Argentina enfrenta una grave crisis ambiental debido a la existencia de más de 5.000 basurales a cielo abierto que continúan creciendo sin ningún tipo de control. Esta problemática se agrava porque estos vertederos informales no solo reciben residuos domiciliarios, sino también residuos industriales sin el tratamiento adecuado, representando un enorme riesgo para la salud pública y el ecosistema.
La Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (Catries) y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental(Caitpa), especializadas en el tratamiento de residuos, advierten que una proporción alarmantemente baja —menos del 5%— de estos desechos tiene un destino final adecuado y seguro.
Según el más reciente informe oficial del “Estado del Ambiente” (2023), elaborado por la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, se han contabilizado alrededor de 5.200 basurales a cielo abierto distribuidos por todo el territorio nacional. Esta cifra se traduce en un promedio de más de dos focos de contaminación por municipio, evidenciando que, a pesar de los esfuerzos, este se mantiene como uno de los mayores pasivos ambientales sin resolver en el país. El hecho de que este número no haya mejorado sustancialmente con el paso del tiempo genera una profunda alarma entre los especialistas del sector.
La situación de los basurales a cielo abierto en Rosario
En Rosario la gestión de residuos industriales es un problema, con datos que indican que solo un pequeño porcentaje se trata adecuadamente, mientras que el resto termina en vertederos a cielo abierto o microbasurales. Se estima que el 9,22% de las industrias tratan sus residuos peligrosos, no peligrosos y especiales. Además, se estima que en la ciudad hay alrededor de 270 microbasurales que cubren 2,5 hectáreas.
La situación de la provincia de Santa Fe sirve como un claro ejemplo de la desconexión entre la normativa y la realidad operativa. Aunque existe una legislación vigente para la correcta gestión de los residuos, la fiscalización de su cumplimiento resulta notoriamente débil. Esta falta de control permite que los basurales continúen operando y recibiendo todo tipo de desechos, incluyendo peligrosos residuos industriales, lo que anula el propósito de la ley y perpetúa un ciclo de contaminación que los organismos ambientales especializados buscan combatir con urgencia.
