Un grupo de exempleados de Petroquímica Río Tercero radicó una denuncia penal en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires contra Verónica Vara, directora y propietaria del Grupo Piero, dueño de la empresa. La acción judicial investiga si la insolvencia de la planta industrial fue planificada para beneficiar a otras sociedades del conglomerado, trasladando el ajuste a los trabajadores y acreedores.
Denunciaron a Petroquímica Río Tercero por vaciamiento y estafa
La petroquímica, una de las tres más grandes de la ciudad cordobesa, lleva más de un año en disputa con el gremio y sus operarios desvinculados. La producción está detenida desde julio de este año, manteniendo un litigio abierto. Los denunciantes, representados por el abogado Carlos Ríos, sostienen que existen presuntos “delitos de administración fraudulenta, vaciamiento de empresa y tentativa de estafa procesal”.
La presentación judicial se radicó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 43 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El escrito argumenta que el concurso preventivo no resultó de una crisis económica ineludible, sino de decisiones tomadas dentro de un mismo grupo. La estructura buscaba favorecer al resto de las sociedades bajo control de Vara, como Suavestar, Piero y Canon, traspasando el costo del ajuste a los trabajadores y a los acreedores de la petroquímica.
La controversia se intensificó tras el cierre de la unidad productiva central que fabricaba TDI (diisocianato de tolueno), un insumo vital para la industria colchonera y de autopartes. Este producto fue reemplazado por material importado desde China. La entidad despidió a 120 empleados en octubre de 2024, y sumó otros 124 cesanteados en julio de 2025. Días después de la última ola de desvinculaciones, la sociedad se presentó a concurso preventivo. Los denunciantes indican que los balances para esta presentación se encontraban certificados antes de los despidos, evidenciando una insolvencia supuestamente planificada.
Qué más dice la denuncia contra la Petroquímica Río Tercero
Esta secuencia de actos permitió un ahorro estimado de más de 9.000 millones de pesos en conceptos indemnizatorios y otros 1.500 millones en sueldos, según el documento legal. La entrada al concurso con la mayor parte del personal fuera constituyó un crédito automático a expensas de los empleados. Ríos, el penalista patrocinante, explica que si bien la reestructuración corporativa es un derecho de la propietaria, usar el concurso para que paguen terceros configura un delito. La maniobra buscó “licuar costos” y mejorar artificialmente la posición financiera de la sociedad antes de ingresar a concurso, externalizando el sacrificio sobre los operarios.
La denuncia sostiene que el proceso concursal sirvió como un instrumento de blindaje para el grupo empresarial. Así, se concentró el quebranto en una única sociedad mientras las demás firmas del conglomerado continuaron operando sin absorber los gastos del cierre de la planta. Lo que resulta antijurídico, según los presentantes, es transferir a otras partes la carga económica que este beneficio implica, eludiendo las obligaciones correspondientes. La justicia debe ahora evaluar la petición, mientras se aguarda la respuesta legal de los representantes de la compañía desde Buenos Aires.
