En seis meses, la provincia de Córdoba contabilizó 13 amenazas de bomba. Esta secuencia de eventos, que comenzó el 27 de junio y se extendió hasta el 2 de diciembre, obligó a las autoridades a poner en marcha el protocolo de emergencia estipulado para esta clase de incidentes.
El registro indica un promedio aproximado de una alerta falsa cada 12 días. Todos los avisos resultaron ser falsos. La gran mayoría de estos sucesos tuvieron lugar en la Capital, mientras que solamente uno se localizó en Saldán.
En 6 meses, hubo 13 amenazas de bomba en Córdoba
Los incidentes se distribuyeron en diversas instituciones educativas, edificios públicos, comercios y domicilios particulares. Adicionalmente, tres situaciones se reportaron en viviendas privadas y un caso singular afectó a la iglesia Catedral.
La última falsa alarma fue denunciada el 2 de diciembre en el Colegio Institución Escuti, ubicado en barrio Las Rosas. Las comunicaciones se canalizaron casi siempre a través de llamadas telefónicas. No obstante, una advertencia singular, dirigida a la Universidad Blas Pascal, se recibió mediante un correo electrónico, lo cual generó la evacuación de la sede y la suspensión de exámenes previstos para ese día.
Las falsas amenazas generaron un gasto millonario para el Estado
La activación automática del sistema, que se dispara cuando la central de comunicaciones policial recibe el aviso, exige una gran movilización de personal. El funcionamiento integral involucra al Departamento de Explosivos con sus móviles y canes adiestrados, junto a la División Antiterrorismo. Asimismo, el Centro de Comunicaciones interviene con telefonistas y radioperadores para coordinar la respuesta. El proceso incluye la participación del Comando de Acción Preventiva (CAP) con personal de seguridad adicional, la Dirección de Bomberos y la de Motocicletas.
La Policía Municipal de Tránsito también colabora para ordenar calles y establecer desvíos si se evalúa pertinente. Las tareas de búsqueda son realizadas por personal entrenado, quienes buscan o descartan objetos sospechosos en los alrededores de las instituciones.
El despliegue de recursos humanos y materiales genera una repercusión económica significativa. Un procedimiento estándar, con una duración de cuatro horas, implica gastos ligados al uso de equipamiento, vehículos, armamento especializado y canes. Esto demandó 13.513.000 pesos, un monto que asciende a 17.567.000 pesos al sumar la tasa legal prevista por la Ley 4982.
Legalmente, una falsa denuncia constituye un delito de intimidación pública, contemplado en el Código Penal. Quinteros enfatizó que no se trata de una travesura, sino de un acto criminal que moviliza recursos públicos, altera servicios y genera miedo social. La Provincia busca establecer las responsabilidades de estos sucesos con toda la severidad necesaria, aunque en algunos casos los autores podrían ser menores y se han aplicado medidas socioeducativas.
