En el marco del juicio contra la cúpula del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, el fiscal general Carlos Casas Nóblega solicitó duras condenas contra los acusados. La abogada de las víctimas denunció una estafa “incalculable”.
Pidieron duras penas para la cúpula de Luz y Fuerza Córdoba
Nóblega pidió nueve años y medio de prisión para Jorge Molina Herrera, secretario general de Luz y Fuerza local, y 10 años para su antecesor, Gabriel Suárez. Ambos habrían sido los promotores de un grupo que lavó fondos millonarios del sindicato en perjuicio de los afiliados.
La estafa dentro del mecanismo del gremio se habría producido entre 2011 y 2019. Según la pesquisa, habrían orquestado un esquema sistemático para apropiarse de dinero del fondo compensador de jubilados, del fondo prestacional de salud y de otras cuentas del gremio.
Ellos, junto a Daniel Edgardo Lozano, subsecretario de Finanzas; Roque Daniel Tapia, actual secretario adjunto y exsecretario de Previsión Social; Yanina Victoria Molina, subsecretaria de Previsión Social e hija de Molina Herrera; Alexis Daniel Fidelbo, apoderado gremial; José Ramón Galván, apoderado sindical y Martín López, empleado de limpieza, están bajo la lupa de la Justicia.
En sus casos, la fiscalía pidió:
- Cinco años y seis meses a Lozano por defraudación por administración fraudulenta.
- Cinco años para Tapia por defraudación.
- Tres años condicional para Victoria Molina por defraudación.
- Cinco años para Fidelbo, asociación ilícita como miembro por defraudación.
- Cinco años para Galván por asociación ilícita como miembro y defraudación.
- Un año para López por defraudación y tres años en total por unificación de una condena anterior.
Su accionar afectó a afiliados que requerían de prestaciones médicas y jubilados y pensionados, cuyos haberes debían complementarse hasta alcanzar el 82 por ciento móvil.
El valor de la presunta estafa que le atribuyen a la cúpula de Luz y Fuerza Córdoba
Por su parte, Mabel Sessa, abogada querellante y representante de afiliados, jubilados y pensionados, explicó que el dinero se puso en circulación a través de cheques emitidos a favor de terceras personas.
“Son cifras incalculables. Un ejemplo, entre 2011 y 2015 Molina Herrera jugó 13,5 millones en fichas. Ese dinero no se pudo justificar“, indicó, en diálogo con El Doce. Cabe destacar que, previo a esta instancia, los acusados ofrecieron un resarcimiento de 198 millones de pesos para evitarla.
